El sistema de salud en la Argentina se halla en un franco estado de deterioro y repercute con más fuerza en la cobertura odontológica. Ciertamente es poca la importancia que se le da a la salud buco-dental de la población. Lo prueba el escaso gasto que se le asigna – aproximadamente entre un 4% y un 6% del presupuesto total - cuando debiera tener como piso, un 10%.

A estos magros recursos hay que agregarle una mala asignación de los mismos. Por ejemplo, existe un exagerado número de obras sociales y prepagas – aproximadamente 550 – que demandan ingentes gastos administrativos restándoselo a la cobertura de salud.

Por otra parte, el Art. 22 de la Ley 23.660 establece un máximo de 8% del presupuesto en concepto de gasto administrativo, pero en realidad son muy pocas las que lo cumplen, erogando más dinero en administrar que en brindar servicios. Parecería que la cobertura odontológica es un objetivo secundario. A esta situación habría que adicionarle la existencia de gerenciadoras que intervienen en una cadena de intermediación innecesaria disminuyendo aún más los recursos de cobertura.

Para que el presupuesto cierre ante esos desajustes, no queda otra alternativa que establecer magros aranceles, limitaciones en el número de prácticas, topes mensuales de facturación, garantías y débitos injustificados que dañan severamente la calidad del trabajo profesional.

El Colegio de Odontólogos de Entre Ríos no puede estar ajeno a esta situación porque tiene el deber de velar por la ética del ejercicio profesional. En ese sentido el honorario odontológico no puede descender por debajo del límite que marca la dignidad del trabajo profesional como cualquier otra actividad, porque atenta además, con la salud buco-dental de la población.

Por tal motivo considera una actitud ética el cobro de un arancel diferencial a los afiliados de aquellas obras sociales o prepagas que celebren contratos asistenciales con las entidades prestadoras de servicios (Círculos) cuyos aranceles estén por debajo de cálculos de estructura de costos que las mismas entidades han realizado, y que tuvieron el aval de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y de la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos.

Esta iniciativa no pretende limitar o lesionar el derecho del paciente a una atención odontológica, sino salir en defensa de la calidad de la práctica a favor de su salud.